UN PROYECTO DE ALTO
IMPACTO MEDIATICO QUE TRAE NEGOCIOS Y POCAS SOLUCIONES
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Ingenua Vidal, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para
declarar por un año la emergencia del Sistema Penitenciario bonaerense (SPB) y
del Sistema de Salud penitenciario, debido a las "carencias en materia
edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”. Busca crear nuevas
unidades carcelarias y obras de reparación en las ya existentes.
Hasta aquí la iniciativa parece acertada en lo que
respecta a la superpoblación (la provincia de Buenos Aires, alcanzó un récord
histórico en 2014, con 34.156 encarcelados) y a las pésimas condiciones de
detención.
Pero por un lado, como organismo de control y monitoreo
de lugares de encierro y políticas de seguridad en la Provincia, la Comisión
por la Memoria viene denunciando públicamente que en las cárceles, comisarías,
institutos de menores y neuropsiquiatricos impera la tortura como una práctica
sistemática, la muerte evitable y la violencia como forma de
"gobierno" o control de estos espacios y de esto no habla el proyecto
de Ingenua Vidal.
Y por otro lado resulta que el proyecto exceptúa a todo
procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas
y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el
Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública. Además, autoriza a los organismos estatales a dar “celeridad”
para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias
para garantizar condiciones dignas de detención”
Dicho en pocas palabras; Un proyecto con alto rendimiento
mediático, pero con un presupuesto enorme a ejecutarse con mínimos controles de
transparencia a favor de empresas constructoras elegidas a dedo y que no
terminará con la forma de gobierno y violencia del sistema carcelario.
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