De esto hablamos,
cuando hablamos de Derechos Humanos y de Inclusión Social
María González vivía en la
localidad rionegrina de General Roca y murió el miércoles 10 de febrero en el
hospital Francisco López Lima, tras pasar varios días internada en grave
estado, víctima de la desidia judicial y la burocracia provincial.
Tenía apenas 43 años, era
pobre y padecía de obesidad mórbida, superaba los 300 kilos pero nunca logró
que se le practique una cirugía bariátrica ("baipás gástrico")
recomendada por el médico Daniel Pisón, que desde el 2007 había certificado “sufre obesidad mórbida, es
una paciente de alto riesgo”.
El director del hospital de la
ciudad, Daniel Aroca, manifestó que la cirugía a la que debía haberse sometido
María no se realiza en ese centro asistencial, sino en la Clínica Juan XXIII.
Las derivaciones de pacientes están a cargo de Salud Pública provincial y los
pacientes deben cumplir una serie de requisitos.
Y la burocracia se apoderó entonces
del destino de María, desde el 2007 jamás contestaron a sus pedidos,
expedientes que se pierden, reclamos que no se escuchan, escritos que nadie
contesta, un verdadero martirio kafkiano y nada, en medio de todo eso, que la ayude a vivir. Desesperada, fue a
buscar un amparo judicial por indicación también de su médico: “Le dije a su
hijo que en estas condiciones le queda un año de vida”, manifestó en su momento
el doctor Pisano.
En Mayo de 2015 se presentó el
amparo en sede judicial contra el programa Incluir Salud y el Ministerio de
Salud de Río Negro. El recurso exigía, por un lado, que la mujer tuviese
atención médica domiciliaria permanente, ya que apenas tenía medios para ir al
hospital y se quedaba sin oxígeno con facilidad: hablaba con dificultad, se
cansaba rápido, se agitaba y su cuadro se agravaba por padecer diabetes. Por
otra parte, debía realizarse un tratamiento prequirúrgico, para lo cual debía
seguir una dieta especial que le permitiera bajar la mitad de su peso y por su
complejidad requería ser atendida por varios médicos. La Ley de Obesidad
(26396/08) se aprobó en el año 2008, y está reglamentada desde el 1 de junio de
2009. La norma establece que todos los tratamientos para bajar de peso quedan
incluidos en el Programa Médico Obligatorio, por lo que la salud pública, las
mutuales, las obras sociales, y empresas de medicina prepaga tienen la
obligación de cubrir dichos tratamientos. Pero a María, la justicia nunca le
dio respuesta.
Los padecimientos de sus
últimos meses dicen que fueron tremendos, por una infección generalizada, e
insuficiencia cardíaca y respiratoria grave, la internaron en el hospital Francisco
López Lima donde pasó sus últimos días.
María González fue una mujer
pobre, muy pobre, carente de todo recurso, ganaba unos pocos pesos con trabajos
de costura. Vivía junto a su hijo y su nuera en una casita muy modesta y sin
las comodidades que necesitaba una persona de su condición; sin gas, con paredes descascaradas y los
ambientes divididos con sábanas.
En un video que publico ahora, vemos a
María cuando reclamaba ante los medios de comunicación una solución a su grave
problema de salud y vemos también allí, como las moscas inundan el ambiente, es que María
vivía en el “Barrio Nuevo” al que rodea el zanjón de calle Maipú, un lugar
donde diariamente van a parar miles de kilos de basura de la ciudad. Lo
residual, lo que no sirve, termina allí.
¿Se entiende?
¿Se entiende de qué hablamos,
cuando hablamos de derechos humanos, de inclusión social?
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