DENUNCIAN PENALMENTE AL GOBIERNO POR ARREGLO CON LOS BUITRES

LLAMAMIENTO A REPUDIAR LA 

SUMISIÓN  A LOS “FONDOS BUITRES”

SE CONVOCA AL PUEBLO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y A TODAS SUS ORGANIZACIONES SOCIALES, A REUNIRSE EL 14 DE MARZO DE 2016 A LAS 13 HS. EN EL HALL DE PLANTA BAJA DE AV. COMODORO PY 2002, PARA FIRMAR Y ACOMPAÑAR LA PRESENTACIÓN PENAL.-

El lunes 14 de marzo se radicará ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (Comodoro Py 2002, CABA), una denuncia penal contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por su Presidente, Ing° MAURICIO MACRI, y contra todo senador y/o diputado nacional, que tenga autoría o participación, penalmente responsable, en la delictiva negociación con los “fondos buitres”, que se intenta aprobar a instancias del Juez Municipal THOMAS GRIESA.-

La acción penal, elaborada por los integrantes de la Asociación Civil “INSTITITUTO ARTURO E. SAMPAY”, Dres. FRANCISCO CHOLVIS, ARÍSTIDES CORTI y EDUARDO S. BARCESAT, y que cuenta con la adhesión de otros organismos representativos de los juristas y de organizaciones sociales encabezadas por la CENTRAL DE ENTIDADES EMPRESARIAS (Nacionales) CEEN, califica al obrar de los denunciados como “TRAICIÓN A LA PATRIA” (art. 215, inc. 1°, C. Penal), en concurso con “DEFRAUDACIÓN ESPECIAL”, (art. 173, inc. 7°, C. Penal) y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD (art. 248 del C. Penal), solicitando la aplicación del máximo de la pena privativa de libertad que resulta del concurso delictivo, y la pena accesoria de inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública. Se califica, asimismo, al obrar de los autores y partícipes penalmente responsables, como “INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA” (ART. 29, C.N.) y se los responsabiliza por el quiebre al Art. 36 de la C.N. (DEBER DE OBEDIENCIA A LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL).Por la misma presentación se pide al Juez que disponga suspender la comisión del obrar delictivo hasta tanto recaiga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tal como lo establece el Art. 29 del C. Penal.-

En la presentación se hace un extenso y profundo análisis de las disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos, así como de leyes de la Nación que invisten calidad de orden e interés público. –

“INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA” (ART. 29, C.N.)

La presentación es acompañada por un documento de economistas que acredita que la negociación impulsada por el actual Gobierno Nacional comporta convocar a restablecer la deuda externa argentina reestructurada, lo que llevaría al endeudamiento de nuestro pueblo a la cifra de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES, hipotecando generaciones de argentinos y poniendo en riesgo de entrega a nuestros recursos y riquezas naturales.-
Asimismo, se acompaña un documento pastoral que resume los postulados esenciales de las encíclicas y pronunciamientos internacionales del Papa FRANCISCO.-

POR ESTAS CONSIDERACIONES SE CONVOCA AL PUEBLO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y A TODAS SUS ORGANIZACIONES SOCIALES, A REUNIRSE EL 14 DE MARZO DE 2016 A LAS 13 HS. EN EL HALL DE PLANTA BAJA DE AV. COMODORO PY 2002, PARA FIRMAR Y ACOMPAÑAR LA PRESENTACIÓN PENAL.-

·       Economistas vinculados a la medida judicial aseguran que el retorno “a la senda del endeudamiento” puede ocasionar, en el peor de los escenarios, un quebranto de “más de 500.000 millones de dólares”

“Cuando un delito se está cometiendo, el deber primero del juez es que cese la comisión de este delito o que éste no se consume; es una especie de medida cautelar por la vía penal”. En este sentido, el objetivo prioritario de la demanda es “paralizar la reforma para que siga el status quo vigente hasta ahora y que no se vean afectados los derechos adquiridos de la Argentina fundamentalmente con el resto de la deuda ya reestructurada” Dijo sobre el tema el Dr. Eduardo Barcesat

De menor a mayor

Esta iniciativa parte de la preocupación de colectivos sociales y organizaciones económicas y empresariales simpatizantes del Gobierno kirchnerista. Entidades como el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES) que en boca de su coordinadora general, Felisa Miceli, estima que más allá de lo que supondrá para las cuentas públicas argentinas, el acuerdo con los fondos buitre “ coloca en una situación de extrema debilidad a otros países asediados por la deuda como Grecia, Portugal, Italia o España”. En el caso argentino, explica a esta redacción Miceli, el pago de esos iniciales 4.563 millones de dólares pueden abrir una verdadera "caja de Pandora".

“Lo primero a tener en cuenta”, declara Miceli, “es que deja muy debilitada a la Argentina ante la posibilidad de que otros holdouts que no están dentro de los juicios aprobados por el juez Griesa pasen a pedir el mismo tipo de pago que se le va a abonar a estos buitres. Estamos ante un porcentaje que ronda el 3% de los bonistas, pero el impacto será de cientos de millones de dólares. Son varios fondos que aún no accedieron a la Justicia y son un riesgo más que probable a corto plazo”, declara.

El segundo punto a tener en cuenta tiene que ver con la “magnitud” del acuerdo. “En el año 2005 para canjear 100.000 millones de dólares de deuda se ofrecieron bonos a largo plazo por 35.000 millones de dólares. Ahora, para pagar sólo el 7% de la deuda se abre la posibilidad de que la Argentina deba endeudarse por unos 15.000 millones de dólares”. Otro punto oscuro del acuerdo, añade, es que “será el país el que abone unos 200 millones de dólares en concepto de honorarios para los abogados de los buitres”.

Y el tercer punto es que “nadie puede afirmar fehacientemente y de manera rotunda que parte o la totalidad de ese 93% de los deudores que entraron en los canjes, no vuelvan a reabrir alguna querella contra la Argentina para recibir el mismo trato”. Según indica Miceli, hay que tener en cuenta que a los canjes de 2005 y 2010 entraron multitud de bonos bajo diferentes legislaciones como Estados Unidos, Alemania, Italia o Japón entre otros. “Algún magistrado de uno de estos países podría tomar el ejemplo del juez Thomas Griesa y ante esa circunstancia Argentina quedaría totalmente indefensa y a merced de una cascada de demandas judiciales”, pronostica.

En esta situación hipotética, las consecuencias, denuncian, podrían ser nefastas: “Hemos calculado que el costo para el país podría estar entre 430.000 y 520.000 millones de dólares dependiendo de los plazos y de las tasas de interés que puedan calcularse para cada caso en concreto”, lamenta Miceli. Hay que recordar que según las fuentes del Banco Mundial, el PIB de Argentina ascendió a 540.000 millones de dólares en 2015.

¿Qué es La Asociación Americana de Juristas?

 Es una O.N.G. fundada en 1975 en Panamá, con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Los principios y objetivos de la A.A.J. bregan por la autodeterminación de los pueblos, en pos de que a partir de la plena independencia económica puedan ejercer la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. También consideran fundamental el accionar contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo, el neocolonialismo, y contra la discriminación racial, de la mujer, los aborígenes y minorías nacionales.

Su lucha es por la defensa de la paz efectiva basada en el principio de la coexistencia pacífica entre Estados de diferentes sistemas sociales y económicos. Buscan la defensa y promoción de los derechos humanos y la concreción de mejores y más efectivas garantías de protección.

Condenan y denuncian las legislaciones represivas existentes en países americanos, que contradicen o tergiversan los principios y objetivos de esta entidad.