Por Roberto Famá Hernández
Obreros, empleados estatales, docentes, niños, murgas, estudiantes, jubilados, pueblos originarios, mujeres, vendedores ambulantes, en calles, rutas, fábricas o comedores infantiles, todos somos peligrosos para el gobierno macrista y la represión con gases, balas de goma o de plomo, judicialización de la protesta, detenciones arbitrarias y violentas son la única respuesta que tienen desde el gobierno a los reclamos sociales.
Ejemplos, desgraciadamente hay cientos, pero recuerdo particularmente la violenta represión, en marzo de 2016, a poco de comenzar el gobierno de Macri, a un grupo de vecinos en la localidad bonaerense de Merlo, donde el 60% de la población tiene problemas de salud, vivienda y cloacas, sólo por levantar carteles con reclamos frente a una escuela primaria visitada por el presidente Macri, recibieron golpes, gases y hubo detenciones.
La represión acompaña a Macri desde su jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de la violenta represión en el hospital psiquiátrico Borda, contra enfermos mentales y personal médico es un antecedente gravísimo de violencia institucional, no obstante, recibió el sobreseimiento de una justicia cómplice como es la Sala III, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
La impunidad facilitada desde un sistema judicial cómplice y apéndice del poder económico, también dejó en el olvido la muerte de ocho bomberos en el incendio intencional de Iron Mountain, para hacer desaparecer documentación que comprometía al Macrismo y su "Círculo Rojo" de poder ,en maniobras de cohechos, lavado de dinero y fuga de divisas.
La tendencia represiva fue y sigue en aumento. Si en los primeros meses del gobierno macrista era un acto de represión violenta cada mes, ahora es un hecho grave por semana.
El caso de Santiago Maldonado parecía ser un límite extremo, pero la violencia institucional no deja de escalar en crueldad y sadismo; una peligrosa espiral represiva ya pone en jaque los principios básicos de la democracia, con el asesinato por parte de efectivos de la Prefectura de un joven mapuche de 27 años, Jorge Nahuel, en Bariloche y otras dos personas heridas de gravedad, mientras Maldonado era velado en su pueblo "25 de Mayo".
En ausencia de un legítimo Estado de derecho, apoyado por un poder judicial independiente, es el pueblo organizado el que debe fijar límites a los abusos del poder estatal y privado; el derecho a la protesta, a la libre expresión, la libertad, igualdad y dignidad de ciudadanos y ciudadanas están bajo permanente amenaza en este gobierno y las circunstancias exigen que las organizaciones intermedias de la sociedad, dejen de lado cuestiones y diferencias que, ante estos hechos resultan menores, y acuerden un gran encuentro social que ponga límite a la violencia institucional. Los sindicatos, organismos de derechos humanos y entidades no gubernamentales, deben conformar una una gran mesa de acuerdo social que ponga freno a la represión social antes que sea demasiado tarde.
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